Pivotes vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de evaluar cambios al sistema de indemnizaciones

Diseñar y levantar propuestas para eliminar las barreras que rigidizan el mercado laboral y lograr activarlo. Ese es uno de los temas en los que ha estado trabajando el último tiempo Pivotes, el centro de incidencia pública fundado por el expresidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Bernardo Larraín Matte.

Elisa Cabezón, economista de la Universidad Católica, y Joaquín Sierpe, economista de la Universidad de Chile, realizaron un informe sobre las barreras de movilidad laboral de Chile, en el cual plantean la necesidad de evaluar el sistema de indemnización laboral por años de servicio.

Actualmente, el Código del Trabajo, en su artículo 163, establece que si el empleador da término al contrato de trabajo por necesidades de la empresa (y este contrato tiene una vigencia de, al menos, 12 meses), deberá pagar al trabajador una indemnización por años de servicio, la cual corresponderá a un mes de sueldo por cada año de servicio, con un tope de 11.

Para los investigadores, si bien este sistema busca reducir los despidos arbitrarios y entregar protección a los trabajadores en el período de cesantía, termina generando otros impactos no deseados en el mercado laboral, como rigidez y aumento de costos en las contrataciones. Efectos que han sido respaldados por diversas investigaciones.

“Si bien la indemnización busca reducir los despidos, que los montos de esta prestación sean altos reduce la contratación, pues las empresas anticipan estos costos futuros ante una eventual desvinculación, aumentando los costos en la contratación”, plantea el texto.

En consecuencia, destaca el análisis, los mayores costos de contratación que trae tener indemnizaciones altas provocan períodos de desempleo extensos.

Ejemplo de esto , graficaron, es la comparación entre Portugal y Estados Unidos: tienen tasas de desempleo similares, pero los costos de despidos en el país europeo son mucho más altas, provocando que un 58% de los desempleados demore más de un año en encontrar trabajo. En cambio, en EEUU ese número es solo de 18%.

Para los investigadores, además, una indemnización alta se convierte en un costo de oportunidad de cambiarse voluntariamente de trabajo, ya que solo la reciben si son despedidos.

“Esto disminuye el flujo de trabajadores entre empresas y sectores económicos, lo que se traduce en una reducción en la productividad laboral y, por tanto, de salarios”, sostienen los economistas.

“Las empresas chilenas pagan los mayores montos de indemnización por despido en relación a los países de la OCDE”, expone Cabezón. Mientras en Chile un trabajador con 10 años de antigüedad recibe 10 sueldos por indemnización, los países del bloqie pagan, en promedio, 3,2 sueldos.

Analizar cambios

Estos impactos, para Cabezón y Sierpe, refuerzan la necesidad de revisar y evaluar cambios al actual sistema de indemnizaciones.

“Tenemos mucho espacio para mejorar el dinamismo y productividad del mercado laboral y aumentar la cobertura de los empleos de calidad, al reducir estos montos de indemnización, para que converjan a los pagos que predominan entre los países de la OCDE”, dice el texto.

Pero una reducción del esquema, señalan que debería ir acompañada de un fortalecimiento de las prestaciones del Seguro de Cesantía y que los trabajadores puedan acceder a sus prestaciones al quedar sin trabajo, independiente si hubo despido o fue voluntad del trabajador.

Esta no es la primera vez que se pone sobre la mesa la idea de evaluar el sistema de indemnizaciones. Durante la anterior administración de Sebastián Piñera, el Gobierno evaluó la posibilidad de implementar una fórmula a todo evento, voluntaria, para facilitar la movilidad laboral. Sin embargo, tras duras críticas por parte de las organizaciones sindicales y sectores políticos, la idea nunca llegó a concretarse.